Glosario Jurídico Arbitral

Ejercicio del derecho al voto por la mayoría con finalidad ajena al interés social, con propósito de causar daño a la sociedad o a los demás accionistas. La SuperSociedades y la jurisprudencia lo sancionan con nulidad e indemnización.

Ejercicio antifuncional de los derechos de la minoría —típicamente bloqueando decisiones esenciales— con el fin de obtener ventajas indebidas o de causar daño a la sociedad.

Ejercicio antifuncional, desproporcionado o desleal de un derecho subjetivo, que causa daño y compromete la responsabilidad de quien incurre en él. Es expresión del principio de buena fe.

Solicitud de las partes para que el tribunal precise conceptos o frases del laudo que ofrezcan duda. Procede dentro del término legal y no permite modificar la decisión.

Porción de las costas correspondiente a la gestión profesional del apoderado, fijada por el juez o tribunal conforme a tarifas oficiales y a criterios de complejidad y duración del proceso.

Intervención final de las partes en la que sintetizan sus pretensiones, valoran las pruebas practicadas y exponen los fundamentos jurídicos de sus posiciones. Cierran la fase de instrucción del proceso.

Mecanismo por el cual las partes delegan en un tercero la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico. La decisión produce los efectos de la transacción.

Aptitud de una controversia para ser sometida a arbitraje. En Colombia no son arbitrables las materias indisponibles, las que versen sobre el estado civil o asuntos que comprometan el orden público no patrimonial.

Mecanismo alternativo de solución de controversias mediante el cual las partes someten sus diferencias a la decisión de árbitros, en lugar de a los jueces estatales. En Colombia se regula principalmente por la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional).

Arbitraje en el que una de las partes es una entidad pública. Está sujeto a reglas especiales: el laudo es siempre en derecho y el recurso de anulación es de competencia del Consejo de Estado.

Arbitraje que reúne alguno de los criterios de internacionalidad del Estatuto: partes con establecimientos en estados distintos, lugar del cumplimiento de obligaciones o de la controversia fuera del estado de las partes, o internacionalidad acordada.

Particular investido transitoriamente de la función de administrar justicia para decidir una controversia específica. Debe ser independiente e imparcial y tiene el deber permanente de revelar las circunstancias que puedan afectar esos deberes.

Esquema contractual de largo plazo para la provisión de bienes públicos y servicios relacionados, con vinculación de capital privado y distribución tipificada de riesgos. Es la base regulatoria de las concesiones 4G y 5G en Colombia.

Audiencia surtida dentro del trámite arbitral en la que el tribunal exhorta a las partes a conciliar y formula, si lo estima, una fórmula de arreglo. Su realización es obligatoria.

Principio constitucional según el cual las personas pueden regular libremente sus relaciones jurídicas dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres. Fundamenta el pacto arbitral y la habilitación de los árbitros.

Principio que exige a las partes actuar con lealtad, transparencia y coherencia en todas las fases del contrato. Integra deberes de información, cooperación y conservación.

Regla que asigna a cada parte el deber de probar los supuestos de hecho que invoca. El CGP introdujo la carga dinámica: el juez puede asignarla a quien esté en mejores condiciones de probar.

Evento imprevisible e irresistible que, junto con la fuerza mayor, opera como eximente de responsabilidad o de cumplimiento. La jurisprudencia colombiana suele tratarlos como una sola figura con doble denominación.

Garantía que el tribunal puede exigir a quien solicita una medida cautelar, para responder por los perjuicios que pueda causar si la pretensión resulta infundada.

Procede cuando se demuestra la inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del pacto arbitral. Es la causal que ataca directamente la fuente de la competencia del tribunal.

Procede cuando el tribunal omite resolver excepciones de caducidad, prescripción o cosa juzgada propuestas oportunamente, o cuando las desconoce de manera manifiesta.

Procede cuando el tribunal se integró con violación de las reglas legales o del pacto arbitral —por ejemplo, número incorrecto de árbitros o designación irregular—.

Procede cuando el tribunal asume competencia sobre asuntos no cubiertos por el pacto arbitral o decide cuestiones no arbitrables. Suele estudiarse junto con las causales 8 y 9.

Procede cuando, sin justificación válida, no se decretaron pruebas oportunamente solicitadas, no se practicaron las decretadas o se profirió decisión con manifiesto desconocimiento del debido proceso probatorio.

Procede cuando el tribunal profiere fallo en conciencia o equidad debiendo decidir en derecho, según lo pactado o lo dispuesto por la ley.

Procede cuando la parte resolutiva del laudo contiene disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión, cambio o alteración de palabras, siempre que estén comprendidos en la parte resolutiva o influyan en ella, y que no hubieren podido ser corregidos.

Procede cuando el laudo recae sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros (extra petita), o concede más de lo pedido (ultra petita).

Procede cuando el tribunal omite pronunciarse sobre alguna de las cuestiones sometidas a su decisión (citra petita), siempre que tal omisión hubiere podido ser subsanada por la vía de complementación y no se hubiera hecho.

Lista taxativa de nueve causales por las que procede anular un laudo arbitral nacional. Su carácter cerrado y la prohibición de revisar el fondo definen el alcance restrictivo del recurso.

Institución arbitral con sede en París que administra arbitrajes internacionales bajo su Reglamento. Su Corte Internacional de Arbitraje supervisa la constitución del tribunal y la calidad de los laudos.

Vicio del laudo consistente en omitir pronunciarse sobre puntos efectivamente sometidos al tribunal. Es la base de la causal 9 de anulación, siempre que no se haya pedido complementación.

Pacto arbitral incluido en un contrato o en documento anexo, por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que puedan surgir de la relación contractual. Es la modalidad más usual del pacto arbitral.

Pacto arbitral que prevé etapas previas obligatorias —típicamente negociación directa o conciliación— antes de habilitar la convocatoria del tribunal. Su incumplimiento puede afectar la admisibilidad de la demanda.

Cláusula compromisoria que, por defectos de redacción o contradicciones internas, dificulta o impide la constitución del tribunal arbitral. La jurisprudencia tiende a interpretarla con el principio favor arbitri.

Estipulación contractual por la cual se determina anticipadamente la indemnización para el caso de incumplimiento. Puede ser apremiante o estimatoria de perjuicios.

Adición del laudo respecto de puntos sometidos al tribunal sobre los que no hubo pronunciamiento. Procede dentro del término legal y a petición de parte.

Conformación del tribunal en cuanto al número de árbitros, su forma de designación y aceptación. Las anomalías en la composición pueden dar lugar a la anulación del laudo.

Pacto arbitral por el cual las partes someten al arbitraje una controversia ya surgida. A diferencia de la cláusula compromisoria, suele suscribirse cuando el conflicto ya existe.

MASC en el que un tercero neutral —el conciliador— facilita el diálogo entre las partes y propone fórmulas de arreglo. El acuerdo conciliatorio tiene efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

Etapa previa a la convocatoria del tribunal en la que las partes intentan resolver la controversia mediante conciliación. Cuando es pactada como requisito, su agotamiento condiciona la habilitación del arbitraje.

Situación en que el interés personal del administrador o socio se opone al interés social. Su gestión exige revelación y, en su caso, autorización del máximo órgano social.

Máxima corporación de lo contencioso-administrativo. Conoce del recurso de anulación cuando una entidad pública es parte del proceso arbitral.

Acto procesal mediante el cual la parte convocada se pronuncia sobre los hechos, las pretensiones y las pruebas, propone excepciones y, en su caso, formula demanda de reconvención.

Contrato estatal por el cual una entidad encarga a un particular la prestación de un servicio público, la construcción o explotación de una obra o de un bien de uso público, por cuenta y riesgo del concesionario y bajo control estatal.

Tratado internacional sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Colombia es parte. Establece causales restringidas de denegación del reconocimiento.

Mecanismo para enmendar errores aritméticos o de transcripción del laudo, sin alterar su contenido sustantivo.

Atributo del laudo en firme que impide que la misma controversia, entre las mismas partes y con la misma causa, vuelva a ser ventilada ante cualquier juez o tribunal.

Conjunto de gastos del proceso —incluidas agencias en derecho— que se imponen a la parte vencida, salvo regla diferente. En arbitraje, el tribunal las fija en el laudo.

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Conoce del recurso de anulación en arbitrajes internacionales con sede en Colombia y del exequátur de laudos extranjeros.

Valor económico atribuible a las pretensiones, sirve de base para fijar honorarios, gastos y, en arbitraje, la competencia del tribunal por valor. Se determina en la demanda y puede ser revisada por el tribunal.

Forma de responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones pactadas en un contrato. Su gradación —grave, leve, levísima— y los efectos del incumplimiento están regulados en el Código Civil.

Responsabilidad por daños generados durante la etapa precontractual, por desconocer los deberes de lealtad e información derivados del principio de buena fe.

Pérdida efectiva que experimenta el patrimonio del afectado como consecuencia del incumplimiento o del hecho dañoso. Comprende los desembolsos realizados y la disminución directa del valor de los activos.

Situación de bloqueo en los órganos sociales por imposibilidad de adoptar decisiones esenciales. Las cláusulas anti-deadlock —ruleta rusa, texas shoot-out, mediación obligatoria— buscan desbloquear el conflicto.

Obligación de los administradores y, en ciertos casos, de los socios, de anteponer el interés social al propio y evitar conflictos de intereses. Su infracción genera responsabilidad personal.

Obligación permanente del árbitro de informar a las partes sobre cualquier hecho que pueda generar dudas justificadas sobre su independencia o imparcialidad, desde la designación y durante todo el proceso.

Aplicación al arbitraje del derecho fundamental al debido proceso: contradicción, defensa, prueba, motivación y juez competente. Su violación grave habilita el control por anulación o tutela excepcional.

Escrito con el que se inicia el proceso arbitral. Debe reunir los requisitos generales de la demanda en el CGP y precisar las pretensiones, los hechos y las pruebas que sustentan la controversia sometida al tribunal.

Demanda que el convocado dirige contra el convocante dentro del mismo proceso, para que se decida con el laudo. Debe versar sobre asuntos cubiertos por el pacto arbitral.

Figura excepcional que permite ignorar la separación patrimonial entre la sociedad y sus socios cuando ésta se utiliza en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. En la SAS está expresamente regulada.

Documento mediante el cual el perito expone su análisis, conclusiones y fundamentos. Debe cumplir requisitos formales y someterse a contradicción para tener mérito probatorio.

Cláusula que faculta al socio mayoritario para obligar a los minoritarios a vender sus participaciones en las mismas condiciones que él, ante una oferta de adquisición. Frecuente en acuerdos de accionistas de SAS.

Principio que impone preservar la equivalencia entre las prestaciones pactadas. Su ruptura por causas no imputables al contratista da lugar al restablecimiento, en los términos del Estatuto de Contratación.

Versión del equilibrio económico aplicada a contratos de concesión, que apunta a mantener la TIR del proyecto pactada al momento de adjudicación frente a eventos no atribuibles al concesionario.

Defensas dirigidas a sanear el proceso por defectos formales o de jurisdicción, antes de entrar al fondo. En arbitraje se proponen normalmente con la contestación de la demanda.

Defensa que permite a una parte negarse a cumplir mientras la otra no haya cumplido o no se allane a cumplir simultáneamente con su obligación recíproca. Tiene reconocimiento en el Código Civil colombiano.

Procedimiento judicial mediante el cual se reconoce, en Colombia, la fuerza ejecutoria de un laudo extranjero o de una sentencia extranjera. En arbitraje internacional lo conoce la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Vicio del laudo consistente en pronunciarse sobre puntos no sometidos al tribunal. Constituye supuesto típico de la causal 8 de anulación.

Sinónimo coloquial de laudo; en sentido amplio, decisión que pone fin al proceso. En arbitraje colombiano el término técnico es "laudo arbitral".

Decisión que desconoce el ordenamiento jurídico aplicable y se basa en consideraciones de equidad subjetiva del juzgador. Su configuración en un arbitraje en derecho da lugar a la causal 6 de anulación.

Criterio interpretativo según el cual, ante duda razonable, debe preferirse la interpretación que mantiene la eficacia del pacto arbitral y la jurisdicción del tribunal sobre la que la niega.

Imprevisto a que no es posible resistir, como un hecho de la naturaleza o del soberano. Junto con el caso fortuito, exonera del cumplimiento o de la responsabilidad cuando reúne los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad.

Sumas destinadas al centro de arbitraje por la administración del proceso —uso de salas, secretaría, archivo, registros—. Su monto se fija junto con los honorarios y se consigna oportunamente para no afectar el trámite.

Mecanismo por el cual las partes confieren transitoriamente jurisdicción a los árbitros, conforme al art. 116 de la Constitución. La habilitación es esencialmente voluntaria y delimita la competencia del tribunal.

Medida general de autoridad estatal —legislativa o administrativa— que altera la economía del contrato sin ser dirigida específicamente a él. Da lugar al restablecimiento del equilibrio cuando sus efectos son extraordinarios.

Eventos sobrevinientes que no pudieron ser razonablemente anticipados por las partes al momento de contratar. Son presupuesto fáctico de la imprevisión y del restablecimiento del equilibrio económico.

Retribución económica que reciben los árbitros y el secretario por su gestión, fijada por el tribunal con base en la cuantía y las tarifas del centro o del Decreto 1069 de 2015 para arbitrajes en derecho.

Centro adscrito al Banco Mundial, creado por el Convenio de Washington de 1965, que administra arbitrajes entre inversionistas y Estados con base en tratados de protección de inversiones.

Disposición subjetiva del árbitro de decidir sin sesgos en favor de ninguna de las partes. Junto con la independencia, son condiciones esenciales del juzgador.

Manifestación que hace el árbitro cuando, motu proprio, considera que existe causal que afecta su independencia o imparcialidad. Tiene como efecto su separación del trámite si es aceptada.

Inexistencia de vínculos del árbitro con las partes, sus apoderados u otros sujetos del proceso que comprometan objetivamente su libertad de juicio.

Hecho conocido del cual, mediante una operación lógica, se infiere otro hecho desconocido relevante para el proceso. Su valoración exige gravedad, precisión y concordancia.

Audiencia con la cual se constituye formalmente el tribunal arbitral. En ella se posesionan los árbitros, se designa al presidente y al secretario y se fija la sede del tribunal.

Rédito que el deudor en mora debe al acreedor como sanción por el retardo en el pago de una obligación dineraria. Su tasa máxima es la del interés bancario corriente multiplicado por 1,5 veces.

Principio según el cual el juez solo puede pronunciarse sobre lo expresamente pedido por las partes. En el arbitraje refuerza la prohibición de fallar extra o ultra petita y es base de las causales 8 y 9 de anulación.

Principio que reconoce a los árbitros la facultad de decidir, en primera instancia, sobre su propia competencia, incluida la validez del pacto arbitral. En Colombia se consagra expresamente en el Estatuto.

Decisión final, motivada y vinculante que profiere el tribunal arbitral para resolver el fondo de la controversia sometida a su conocimiento. Hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, salvo que sea anulado.

Laudo en el que los árbitros fundamentan su decisión en el ordenamiento jurídico aplicable. Es la regla general en Colombia para el arbitraje nacional cuando intervienen entidades públicas.

Laudo proferido conforme al sentido común y la equidad, sin la obligación de motivar en derecho positivo. Procede solo cuando las partes lo pactan expresamente y no hay intervención de entidades públicas.

Laudo dictado en un país distinto a aquel en el que se busca su reconocimiento y ejecución. Su régimen en Colombia se rige por la Convención de Nueva York de 1958 y por el Estatuto de Arbitraje.

Laudo en el que la decisión se funda en los conocimientos especializados del tribunal sobre una materia técnica específica. Requiere pacto expreso de las partes.

Institución arbitral con sede en Londres que administra arbitrajes internacionales bajo su propio reglamento, característico por su flexibilidad y por la regulación detallada de la conducta de las partes.

Texto modelo de UNCITRAL para uniformar la legislación nacional sobre arbitraje comercial internacional. La Sección Tercera de la Ley 1563 de 2012 la incorpora con adaptaciones.

Ganancia o utilidad que dejó de obtenerse a causa del incumplimiento o del hecho dañoso. Su acreditación exige prueba de razonabilidad y de la causalidad con el evento dañoso.

Actividades de conservación que exceden el mantenimiento rutinario o periódico definido contractualmente, y cuya causa eficiente no es imputable al concesionario. Suele detonar pretensiones de restablecimiento.

Acrónimo de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Conjunto de figuras —arbitraje, conciliación, mediación, amigable composición, transacción— que permiten resolver controversias sin acudir a la justicia ordinaria.

Instrumento contractual de origen administrativo que identifica, tipifica y asigna a las partes los riesgos previsibles del contrato. Su contenido es relevante para definir la procedencia del restablecimiento del equilibrio.

MASC en el que un tercero neutral asiste a las partes para que alcancen, por sí mismas, una solución a su controversia, sin proponer fórmulas vinculantes. A diferencia de la conciliación, su acuerdo es contractual y no judicial.

Providencias que el tribunal puede decretar para asegurar la efectividad del laudo o evitar daños irreparables durante el trámite. Incluyen las nominadas del CGP y, bajo condiciones, las innominadas.

Cualidad de un título que permite iniciar un proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento forzoso de una obligación clara, expresa y exigible. El laudo en firme la tiene.

Retardo culpable e imputable al deudor en el cumplimiento de su obligación, una vez exigible. Habilita el cobro de intereses moratorios y la indemnización de perjuicios derivados.

Acto procesal por el cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros una decisión del tribunal. Su correcta práctica es presupuesto del debido proceso y de la validez del laudo.

Conducta de los socios mayoritarios o administradores que sistemáticamente desconoce los derechos económicos y políticos de los minoritarios. Configura supuesto típico de abuso del derecho societario.

Conjunto de principios fundamentales del ordenamiento que no admiten derogación por la voluntad de las partes. Opera como límite a la arbitrabilidad y como causal de no reconocimiento de laudos extranjeros.

Negocio jurídico por el cual las partes someten al arbitraje, presente o futuro, una controversia. En Colombia es el género que comprende dos especies: la cláusula compromisoria y el compromiso.

Acuerdo celebrado entre socios, paralelo al contrato social, que regula relaciones internas como el voto, las transferencias de acciones o la administración. En la SAS goza de oponibilidad reforzada cuando se deposita.

Medio de prueba que aporta conocimientos especializados —científicos, técnicos, artísticos— necesarios para valorar hechos del proceso. En el CGP el dictamen es ordinariamente de parte y se contradice en audiencia.

Detrimento patrimonial o extrapatrimonial que sufre una parte como consecuencia del incumplimiento o del hecho dañoso de la otra. Su prueba y cuantificación condicionan la condena.

Consecuencia jurídica que la ley o el juez extraen de un hecho conocido para tener por probado otro. Las legales admiten prueba en contrario salvo cuando la ley las califica como de derecho.

Audiencia en la que el tribunal se pronuncia sobre su propia competencia, decreta las pruebas y fija el cronograma del proceso. Su celebración marca el inicio formal del trámite arbitral.

Recurso extraordinario que se interpone contra el laudo arbitral por las causales taxativas del Estatuto. No es una segunda instancia: el juez de anulación no revisa el fondo, sino el cumplimiento de garantías procesales y de competencia.

Mecanismo por el cual una parte solicita el apartamiento de un árbitro cuyas circunstancias afecten su independencia o imparcialidad. Su trámite y causales están reguladas por el Estatuto y, supletoriamente, por el CGP.

Facultad del convocante de modificar, adicionar o aclarar la demanda dentro de la oportunidad legal, sin que ello altere sustancialmente la causa petendi original.

Recurso ordinario que se interpone ante el mismo tribunal contra autos no susceptibles de apelación, con el objeto de que los reconsidere. En arbitraje no procede contra el laudo.

Sanción que opera ante el incumplimiento de una de las partes en los contratos bilaterales, conforme al pacto comisorio tácito. Extingue el contrato con efectos retroactivos y permite indemnización.

Recurso extraordinario que procede contra el laudo en firme por causales muy restringidas, vinculadas a fraude, prueba falsa o nulidad originaria, conforme al CGP.

Sistema de valoración probatoria que obliga al juzgador a apreciar las pruebas en conjunto, conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, exponiendo razonadamente el mérito de cada una.

Órgano de apoyo del tribunal a cargo del secretario, encargado de la gestión documental, las notificaciones y la custodia del expediente.

Sede jurídica del arbitraje internacional. Determina la lex arbitri, la competencia del juez de anulación y, en buena medida, las cortes auxiliares disponibles durante el procedimiento.

Lugar legal donde se entiende ubicado el tribunal, que determina la ley procesal aplicable y la jurisdicción del juez de anulación. No coincide necesariamente con la sede física de las audiencias.

Principio según el cual la cláusula compromisoria es autónoma respecto del contrato que la contiene. La nulidad o ineficacia del contrato no afecta, por sí sola, la validez del pacto arbitral.

Interrupción temporal del trámite, decretada por causales legales o por solicitud conjunta de las partes. El término suspendido no se descuenta para efectos del cómputo del plazo del tribunal.

Mecanismo procesal para cuestionar la idoneidad, imparcialidad o independencia del perito designado. Debe proponerse oportunamente y se resuelve por el juez o tribunal con base en hechos concretos.

Cláusula que otorga al socio minoritario el derecho de sumarse, en las mismas condiciones, a la venta que negocie el mayoritario, protegiéndolo frente al cambio de control.

Doctrina que permite revisar el contrato cuando hechos extraordinarios, imprevisibles y no imputables hacen excesivamente onerosa una prestación, sin llegar a impedirla. Está prevista expresamente para contratos mercantiles.

Doctrina sobre la distribución contractual de las contingencias entre las partes. En contratación pública opera mediante la asignación tipificada de riesgos previsibles, que no afecta el equilibrio económico si se materializan.

Plazo dentro del cual debe proferirse el laudo, contado desde la primera audiencia de trámite. En el arbitraje nacional es de seis meses, prorrogable hasta por otros seis.

Tasa que iguala a cero el valor presente neto de los flujos del proyecto. En concesiones, suele ser parámetro contractual del equilibrio financiero y del riesgo de demanda.

Contrato por el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, haciéndose recíprocas concesiones. Produce efectos de cosa juzgada en última instancia.

Tratado entre dos Estados que reconoce derechos y garantías a inversionistas de cada uno en el territorio del otro, y normalmente prevé un mecanismo arbitral de solución de controversias inversionista-Estado.

Órgano integrado por uno o varios árbitros, designados conforme al pacto arbitral o, en su defecto, conforme a la ley, encargado de tramitar el proceso y dictar el laudo. Su jurisdicción nace del acuerdo de las partes y de la ley.

Acción de tutela excepcional contra laudos arbitrales por defecto sustantivo, fáctico, orgánico, procedimental o por desconocimiento del precedente. Procede solo si se agotaron los recursos ordinarios y persiste la afectación de derechos fundamentales.

Vicio del laudo consistente en conceder más de lo que las partes pidieron. También se subsume en la causal 8 de anulación.

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Su Ley Modelo y su Reglamento de Arbitraje son la base del régimen colombiano de arbitraje internacional y de muchos arbitrajes ad hoc.

Programa de cuarta generación de concesiones viales en Colombia, estructurado bajo el esquema de APP y caracterizado por la asignación de riesgos predial, ambiental y de redes a la ANI o al concesionario según la matriz contractual.